Tras las exposiciones - que en este espacio, de forma resumida, hemos transcrito - expuestas en el Congreso de los Diputados por Santiago Lanzuela Marina, del Partido Popular; por Maritxell BatetLamaña, del Partido Socialista; y por Ridao i Martin, del Grupo Mixto -Esquerra Republicana Izquierda Unida Iniciativa per Cataluña Verds -, en la proposición de ley sobre la creación del Consejo General de Economistas (unificación de las organizaciones colegiales de economistas y titulados mercantiles y empresariales), dicha ley, a raíz de efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 333.

Tras esta unánime aprobación de la Ley 30/2011, de 4 de octubre, sobre el tema descrito anteriormente, ésta, en su exposición de motivos, contempla, en sus dos primeros párrafos, lo que sigue:

"En el ámbito económico y empresarial ha confluido históricamente en España la actividad profesional de dos grandes corporaciones profesionales, la de los Economistas y la de los Titulados Mercantiles y Empresariales. Los primeros - titulados en las Facultades de Ciencias Políticas y Económicas, de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales y Ciencias Económicas y Empresariales - y los segundos - titulados en las Escuelas de Comercio y en las Escuelas Universitarias de Estudios Empresariales - han desarrollado durante años sus funciones en el sector público, en el ámbito académico, en la empresa, mediante el ejercicio libre y ante los juzgados y tribunales de Justicia, desde su integración separada e independiente en sus respectivos colegios. Cada organización colegial ha llevado a cabo sus propias actividades de formación y perfeccionamiento, sus propios registros de auditores, asesores fiscales, de asesores financieros, de expertos contables-judiciales y forenses, lo que ha multiplicado esfuerzos y recursos en el mismo ámbito de la actividad.

La supresión de sus respectivos Consejos Generales y la creación de uno nuevo que agrupe los intereses de todos estos profesionales es fruto de un largo proceso de acuerdo entre los respectivos órganos de gobierno e incluso entre los propios colegiados. Se produce bajo la premisa de una más idónea articulación de la representación y defensa de los intereses de sus miembros; también en beneficio de la sociedad a la que se deben y a la que prestan sus servicios.

Con este nuevo Consejo General se alcanzará una mayor eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos que debe cumplir como corporación de derecho público, no solamente por el ahorro de medios y recursos o la reducción de costes, en la línea establecida por la Directiva de Servicios y la trasposición que de ésta se hizo principalmente mediante la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación de la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, sino también por las ventajas derivadas de la existencia de una única interlocución de las profesiones económicas ante las Administraciones Públicas. Y sobre todo la unificación supondrá un mejor servicio a la ordenación y desarrollo de la economía en general, y de la empresa en particular, así como a los consumidores y usuarios".

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