RECIENTEMENTE, en el Congreso de los Diputados, se celebró la toma en consideración de la proposición de Ley sobre la creación del Consejo General de Economistas (unificación de las organizaciones colegiales de titulados mercantiles y economistas) donde, entre otras intervenciones -que ofreceremos, por su evidente actualidad e importancia, en próximas ediciones- sobresalió la de la diputada Meritxell Batet Lamaña, del Grupo Socialista, que apuntó: "Cuando pensamos en la política, parece que siempre pensamos en grandes cambios, cuando en realidad la mayor parte del tiempo, de los esfuerzos y de las normas que aprobamos, se refieren en apariencias a pequeñas cosas, pero que, por el contrario, tienen grandes efectos sobre colectivos o sectores concretos".

"Esta proposición de Ley responde precisamente a eso. Presentamos una regulación que mejorará el funcionamiento y la organización de un sector, como el de los colegios de titulares mercantiles y de economistas, que repercutirá positivamente para los profesionales de ese sector, así como para la ciudadanía en su conjunto. Esta proposición de Ley además nace del propio colectivo; no responde ni aun programa electoral ni a un proyecto político partidista ni a una ocurrencia de un grupo parlamentario, sino que responde a una demanda sensata y tenaz por parte de los presidentes de los dos consejos generales, Lorenzo Lara y Valentín Pich. A ellos principalmente debemos este paso adelante en la racionalización y simplificación que va a suponer esta norma".

La iniciativa -matizó la diputada Batet Lamaña- "propone crear un consejo general de colegio nuevo, que agrupe a los actuales colegios de titulares mercantiles y economistas y que esté inscrito al Ministerio de Economía y Hacienda. Para ello se propone la creación de una comisión gestora que elabore unos estatutos provisionales, hasta que se constituya formalmente el nuevo consejo general. Tras esta constitución formal, se produciría la disolución de los actuales consejos generales. Asimismo se incentiva y apoya el inicio y desarrollo de los procesos de unificación territorial de estos colegios, para que toda la estructura territorial se adecue a esto sin entrar a regularlo específicamente, respetando así la competencia de las autonomías.

Por otra parte, en cuanto al contenido de la iniciativa, me parece importante destacar desde la tribuna que en el preámbulo se señala que, en todo caso, la creación de este nuevo consejo general y los procesos de unificación de las corporaciones colegiales que pueden llevarse a cabo en nada afectarán a las funciones profesionales que en su caso tuvieran reconocidas estos titulados. En materia de colegios profesionales corresponde al Estado la facultad de establecer las bases al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución, que le atribuye la competencia para fijar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, en la medida en que aquellas corporaciones participan de la naturaleza de estas".

"Concretamente, -señaló Batet-, la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1983 en su fundamento jurídico 26 hace referencia a ello. Por su parte, las autonomías poseen competencias de desarrollo legislativo y ejecución de la normativa básica estatal, competencias expresamente asumidas en los correspondientes estatutos de autonomía en ejercicio de las cuales les corresponde la creación, regulación y tutela de los colegios profesionales incluidos dentro de sus respectivos territorios"

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